El pasado martes, se conoció el informe del Comité de análisis de las circunstancias que concurrieron en el apagón del pasado 28 de abril, y este copó casi todo el protagonismo informativo dentro del sector energético. Sin embargo, paso otra cosa muy relevante: el Congreso de los Diputados ha plantado cara al Gobierno, pues iniciará la tramitación de la proposición de ley del PP que pide extender la vida útil de las centrales nucleares, gracias a los votos a favor de Vox... y a la abstención de Junts.

Sí, conviene recordar lo que un hombre le gritó en su día a Pedro Sánchez (“¡por siete votos tienes el culo roto!”), porque su abstención ante la citada proposición de ley del PP se produjo horas después de que Sánchez se reuniera con Jordi Turull y Miriam Nogueras en La Moncloa. En esta cita, los del partido de Carles Puigdemont le exigieron “garantías” para seguir dándole su apoyo, y entre ellas, está el cumplimiento de los pactos que acordó. Claro que para que el presidente del Gobierno no se confíe... y no se olvide de la exigencia de Junts, le han dado un primer aviso: rechazarán la ley Bolaños que pretende controlar a los jueces y a los fiscales.

 

 

 

Volvamos a la Proposición de Ley para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético, que presentó el PP hace unos meses. El Congreso iniciará su tramitación, gracias a 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), frente a 166 en contra y siete abstenciones (las de Junts). “Este Gobierno al que le quedan dos telediarios no puede tomar la decisión trascendental del cierre nuclear, que generará un problema irreversible en el sistema eléctrico, para que dentro de unos meses el problema lo asuma otro Ejecutivo”, ha avisado el diputado pepero Juan Diego Requena. Asimismo, ha destacado que “la propia Red Eléctrica sostiene que el cierre nuclear impacta directamente en la seguridad de suministro eléctrico”, y ha criticado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, SaraAagesen, refiera que “el sistema eléctrico está funcionando en modo reforzado y que eso está multiplicando los costes de los servicios de ajuste”, cuando al mismo tiempo está pidiendo que prorrogar las nucleares no suponga un mayor coste para los ciudadanos (algo que no sería así en ningún caso, sino que correría a cargo de sus propietarias, como sucede actualmente).

La citada proposición de ley del PP también incluye criterios de seguridad de suministro entre los posibles supuestos que se pueden dar para mantener la operativa nuclear. Así como una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos de Enresa para considerar extensión de diez años adicionales a lo establecido en el calendario de cierres nucleares que se pactó en 2019 en un contexto bien distinto al actual. Además, recoge el planteamiento de una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030 -con objetivos imposibles de cumplir- para que incluya el respeto del principio de neutralidad tecnológica. Por cierto, no olviden el reciente varapalo de Fedea a Aagesen al apoyar el retraso en el cierre de las nucleares y subrayar que el PNIEC “debe tener flexibilidad”. 

El PP ha destacado en la red social X que los diputados extremeños del PSOE han dicho ‘no’ a la central nuclear de Almaraz. Recuerden que en su entrevista con Hispanidad, Manuel Carreño, jefe de turno de la central, afirmó que “para la sociedad de esta zona de Extremadura sería un enorme problema que una central que genera 800 empleos directos y 3.000 si se suman los indirectos desaparezca” y Patricia Rubio, adjunta al jefe de la Oficina Técnica de Operación de la central, subrayó que “defender su continuidad es defender el futuro de Extremadura”. 

En la Cámara Baja, no sólo PSOE votó en contra de la citada proposición de ley presentada por el PP, también Sumar, Podemos, ERC, BNG, EH Bildu, PNV y Coalición Canaria. El diputado Néstor Rego (BNG) cargó contra la “obsesión nuclear de la derecha ultra y de la ultraderecha negacionista”. Mikel Otero (EH Bildu) afirmó que dicha proposición no tiene anclaje jurídico y “pone en peligro la transición ecológica y sólo se podría ejecutar metiendo la mano en el bolsillo de la gente vía factura eléctrica”, quizá debería recordar que la nuclear no emite CO2 y es el complemento ideal de las energías renovables en dicha transición y que los costes y las inversiones de la nuclear los abonan sus propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) no los ciudadanos. Eso sí, Idoia Sagastizabal (PNV) tuvo algo de sentido, a pesar de que luego votara en contra de la proposición, pues señaló que el debate “no es energía nuclear sí o no”, sino que los diputados deberían preguntarse cómo promover la competitividad con menores costes energéticos. 

También el mismo martes, en rueda de prensa, Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox y presidente de la patronal siderúrgica UNESID, se mostró preocupado por el Anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que se aprobó el pasado 10 de diciembre y se está tramitando, la cual considera como “una buena ley pero puede mejorarse”. En concreto, cree que debe tener en cuenta “todas las tecnologías no emisoras, incluida la nuclear”: “hay que contemplarla si evita problemas”. Asimismo, también entra en juego el papel de la nuclear para tener una energía barata, algo que agradecerían las industrias electrointensivas. Esto último no es baladí, pues el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aprovechó la Asamblea General de Unesid para anunciar la aprobación de la convocatoria de subvenciones para compesar los costes indirectos de CO2 por 600 millones, otra ayuda para los sectores industriales electrointensivos de la que también presumió la ministra portavoz y titular de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, Velázquez reclamó otra mejora de la Ley de Industria: “que se reconozca y fomente el uso de subproductos siderúrgicos como la escoria, destacando el carácter paradigmático del acero en economía circular”. “Somos los mayores recicladores del país. Nuestro residuo principal es arena, y sin embargo no se promueve suficientemente su uso frente a otras alternativas que implican un mayor impacto ambiental”.