La cosa se pone seria. El Pleno del Congreso ha acordado, para vergüenza de todos, la toma en consideración para reformar el Reglamento del Congreso. Lo ha impulsado por el PSOE, con los votos a favor de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, y sólo con la oposición de PP, Vox y UPN. 

¿El objetivo? Poder sancionar a los periodistas acreditados en el Congreso y revocar muchas de estas acreditaciones a los medios que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, es decir, a los periodistas y medios que no sólo alaban al señor presidente y que hacen preguntas incómodas, es decir, los pseudperiodistas por los que Sánchez esta obsesionado.  

Sánchez ya anunció su plan de "regeneración democrática" porque hay que frenar los "bulos" de los medios de comunicación, a los que don Pedro denomina como "tabloides". Así, el Sanchismo continúa lanzando el mayor ataque contra la libertad de prensa -y de expresión-. Y la reforma del Reglamento es un paso más. Todo por el bien ciudadano, para que no se le contamine con el bulo, la mentira y la desinformación. 

Los grupos recalcan que esto no conllevará "en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía", ¡nooooo!, por favor, sólo se les dificultará su trabajo y se les impedirá el acceso al Congreso, el templo de la palabra y donde trabajan los políticos votados por todos los ciudadanos. Simplemente. 

Así se fijarán "los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara" para renovar las acreditaciones, y entre los criterios se tendrá en cuenta, "la existencia de anteriores vulneraciones de lo dispuesto en este artículo, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa".

Y ojo que también hay sanciones, todo muy democrático. Se creará el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que estará formado por un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. Como misión podrán proponer sanciones cuando se inicie un procedimiento contra un informador acreditado, aunque eso sí, en otro alarde de democracia, la última palabra la tendrá la Mesa de la Cámara. 

Se obligará a los acreditados a respetar "las reglas de cortesía parlamentaria" y las directrices de la Mesa y nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado. Habrá sanciones para quienes incumplan la normativa y las reglas de cortesía y se establece una categorización de infracciones leves, graves o muy graves, con sus correspondientes castigos, incluida la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.

Si la sanción es leve, el medio de comunicación podrá cambiar a su periodista acreditado, pero si es grave o muy grave, el medio entero quedará sin persona acreditada durante el tiempo que dure el castigo. "No obstante, si la infracción se refleja en una publicación en un medio de comunicación que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses a tres años".

Hasta aquí, podríamos decir, infame, pero lógico. Hay periodistas y medios que molestan, y los poderes políticos quieren acabar con ellos. Ahora bien, que sus propios compañeros, los periodistas parlamentarios, apoyen al enemigo, al que intenta acabar con la libertad, es algo nuevo y que asusta. Son los periodistas los que azuzan y animan el discurso de Sánchez y sus Orcos de Mordor. Son los cronistas parlamentarios los que quieren que se juzgue, multe y aniquile al resto de cronistas parlamentarios, todo con el apoyo de las asociaciones de Periodistas Parlamentarios y la FAPE.

Y este punto habrá que alabar a los que siguen oponiéndose: PP, UPN y Vox. Hay que aplaudir al Partido Popular, y a su portavoz, Miguel Tellado, quien aseguró que no colaborará en la censura de ningún medio. Y al PP de la Comunidad de Madrid, que incluso contó con Vito Quiles, uno de los agraviados en esta historia, en un vídeo para sus redes sociales. 

Al hilo, Josué Cárdenas, otro periodista que tiene papeletas para ser uno de los afectados por la reforma del Reglamento, le preguntó ayer al portavoz Patxi López si le quitarían la acreditación a su medio, el primer digital en obtenerla. Patxi, siempre en su línea, no contestó y abandonó la sala. ¡Viva la democracia y la libertad de expresión!